La Comisión Europea ha presentado este martes una serie de propuestas para el sector del automóvil con las que busca apoyar los esfuerzos del sector en la transición hacia una movilidad limpia, garantizando la neutralidad climática y la independencia estratégica para 2050, pero proporcionando más flexibilidad a los fabricantes.
Por el lado de la oferta, se han revisado las normas vigentes en materia de emisiones de CO2 para turismos y furgonetas, planteando una modificación específica para vehículos pesados que facilite el cumplimiento de los objetivos para 2030. Por el lado de la demanda, se propone descarbonizar los vehículos corporativos mediante objetivos nacionales vinculantes para los vehículos de cero y bajas emisiones.
El punto más comentado de la propuesta es que a partir de 2035, los fabricantes de automóviles deberían cumplir un objetivo de reducción de las emisiones del tubo de escape del 90%, pero las restantes podrán compensarse mediante el uso de acero hipocarbónico fabricado en la Unión Europea o a partir de combustibles electrónicos y biocarburantes.
Esto permitirá que los híbridos enchufables, los extensores de autonomía, los híbridos suaves y los vehículos con motor de combustión interna sigan presentes en la industria más allá de 2035, además de los vehículos eléctricos y los de hidrógeno. La oferta deberá ser aún negociada entre el Consejo y el Parlamento Europeo, pero desde Bruselas aseguran que no interfiere en el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Por otra parte, el plan previsto por la Comisión Europea contempla una inversión de 1.800 millones para el desarrollo de una cadena de valor de baterías totalmente fabricada en la Unión Europea, mientras que el Automotive Omnibus aliviará la carga administrativa y reducirá los costes para los fabricantes europeos, impulsando su competitividad mundial y liberando recursos para la descarbonización.
Primeras reacciones del sector
En Faconauto, creen que la flexibilización de los objetivos de descarbonización ya supone un avance relevante, que refleja que la Comisión ha identificado correctamente que parte de las dificultades para avanzar en la transición no se encuentran únicamente en la industria, sino también en el consumidor final. La iniciativa es clave para activar la demanda y evitar que la transición quede limitada a segmentos de renta alta o a determinados entornos urbanos, pero desde su punto de vista, es imprescindible contar con un plan de estímulo a la demanda y acelerar el despliegue de infraestructuras de recarga.
En su caso, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, Acea, ya ha anunciado que estudiará a fondo la propuesta para realizar aportaciones que puedan ayudar a reforzarla, pero aseguran que, a pesar de coincidir en la necesidad de mayor flexibilidad, es preciso implantar medidas que sean más decisitvas para facilitar la transición. Si no se toman medidas urgentes, explican, para flexibilizar los objetivos que deben alcanzar automóviles y furgonetas en 2030, las propuestas para 2035 podrían tener un efecto limitado.
Igualmente, creen que imponer condiciones estrictas en determinados ámbitos podría tener un efecto contraproducente en cuanto a la apertura tecnológica y la competitividad. En particular, Acea piensa que los estrictos requisitos de "fabricado en la UE" y el sistema de compensación de emisiones propuesto requieren una evaluación más exhaustiva, mientras que en el caso de los vehículos pesados, entiende que la modificación específica que se propone debe ir acompañada de una revisión del Reglamento de CO2 para este segmento, que no puede esperar hasta 2027.
Desde CETM, han vuelto a insistir, una vez más, en que el sector no dispone de alternativas tecnológicas viables, eficientes y accesibles que permitan prescindir de los vehículos de combustión en los plazos planteados. Además, recuerdan que la electrificación, en su estado actual, no da respuesta a las necesidades operativas del transporte pesado, ni en autonomía, ni en tiempos de recarga, ni en disponibilidad de infraestructuras.
Además, consideran que la reducción de emisiones debe lograrse combinando distintas tecnologías, incluyendo motores de combustión cada vez más eficientes, combustibles alternativos y renovables, y otras soluciones que puedan implantarse de forma progresiva. Por ello, piden al Gobierno y a las instituciones europeas flexibilidad normativa, diálogo con el sector y una hoja de ruta basada en la realidad del transporte y del mercado.