El Ministerio estima que tendrá que abonar unos 2.000 millones de euros en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración.
El Ministerio de Fomento ya está preparado para asumir "en la fecha que sea" la gestión de las nueve autopistas de peaje en quiebra, que explotará únicamente de forma temporal hasta que vuelvan a ser adjudicadas a empresas privadas mediante concurso público.
Así lo han confirmado desde el departamento que dirige Íñigo de la Serna, que en el verano de 2017 firmó un convenio con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres, Seittsa, para que se ocupara de la gestión de estas vías desde enero de 2018.
La fecha exacta en que Seittsa se haga cargo de las autopistas depende de la conclusión de sus procesos concursales. En la actualidad, todas ellas, salvo la AP-41 Madrid-Toledo, están en la fase de liquidación.
En el caso de la autopista entre Madrid y Toledo, a pesar de ser la primera que quebró, su proceso ha sido más lento debido a las dificultades que atraviesan algunas de las empresas que forman parte de su sociedad concesionaria, como Isolux.
El resto de vías que Fomento rescatará en los primeros meses del año son las cuatro radiales de Madrid, la M-12, que conecta la capital con el aeropuerto de Barajas, la AP-36 Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la autopista Cartagena- Vera.
Responsabilidad Patrimonial de la Administración
Todo apunta a que esta solución abrirá un largo enfrentamiento judicial entre Fomento y los acreedores. Mientras el Ministerio estima que deberá abonar unos 2.000 millones de euros en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración, ellos pretenden exigir unos 4.500 millones.
Su intención es aceptar los 2.000 millones y reclamar posteriormente el resto, así como los intereses de demora. Por su parte, Fomento confía en poder utilizar los recursos que capte con la relicitación de las autopistas para abonar la cantidad que le sea impuesta.