El Ministerio de Fomento abrirá el sector a la empresa privada antes de que acabe el primer semestre, y Renfe alquilará el material rodante a la que ingrese en el mercado para evitar la barrera a la competencia que supone no disponer de trenes.
Por ello, no modificará la normativa que permite liberalizar el sector, dejando para el "futuro" la valoración de "cambios de mayor calado" en los criterios, una vez se trasponga la directiva de Espacio Ferroviario Europeo Único.
Catalá ha señalado que aún se tiene que decidir qué modelo de liberalización se implanta y si se hace de forma gradual o amplia en todas las líneas o en algún corredor concreto.
Amplía así su actividad ligada al transporte de mercancías, en el que realiza los tráficos semanales entre el puerto de Bilbao y las plataformas logísticas de Júndiz, Noáin y Zaragoza, después de que en abril de 2013 consiguiese la licencia número 17 para tráfico de mercancías.
Según Orden FOM/420/2014, se aplica la normativa europea sobre la liberalización ferroviaria, después de que España fuese condenada por el Alto Tribunal Europeo debido a la falta de independencia de Adif para fijar el canon por el uso de las vías férreas.
Catalá apuntó que puede ser algo similar a lo del mercado de mercancías donde pocas empresas hacen algo de negocio dentro del 5% de este mercado que acapara el ferrocarril.
La CNMC cree que Fomento podría estar favoreciendo a Renfe, ya que considera que hay una serie de requisitos, como la existencia de infraestructuras especializadas o de servicios internacionales, que son susceptibles de generar una ventaja competitiva para la operadora.
En opinión de las centrales sindicales, el Cuarto Paquete Ferroviario pretende instaurar la total liberalización del transporte ferroviario de viajeros, lo que no asegura la calidad, la seguridad y la eficacia del servicio.
Voces profesionales del sector ferroviario inciden en que para planificar cómo será el ferrocarril del futuro inmediato en nuestro país, lo primero que se debe hacer es diagnosticar cuáles son las “enfermedades” del modelo actual para no volver a repetir los errores.
Está previsto que el Consejo de Estado francés emita su dictamen sobre el proyecto de ley antes de finales de septiembre, con el objetivo de que la Asamblea Nacional pueda discutido en el primer semestre de 2014.