El Gobierno regula la prestación de servicios públicos de recarga para vehículos eléctricos, detalla las obligaciones de sus titulares y elaborará un mapa de electrolineras.
La capacidad de los operadores de transporte para invertir en camiones de cero emisiones está directamente vinculada a la disponibilidad de la infraestructura adecuada.
Es esencial la instalación de cargadores privados en los aparcamientos de las comunidades de vecinos o de las casas, y en los puestos de trabajo, para complementar la oferta pública.
El barómetro de Anfac refleja el lento despliegue de infraestructura de recarga de acceso público en España, con solamente 8,8 puntos sobre 100 en este indicador.
En Bruselas no se han fijado los objetivos necesarios para la construcción de puntos de recarga públicos y las estimaciones para los próximos años no se ajustarán a la demanda.
Una de las asignaturas pendientes en el país sigue siendo el despliegue de una red de recarga que dé respuesta a las necesidades del creciente parque electrificado.
Para alcanzar un parque de tres millones de vehículos eléctricos en 2030, es imprescindible tener instalados 340.000 puntos de recarga, pero España cuenta con 11.517.
El regulador señala en su informe que es necesario definir de forma más concreta las funciones y obligaciones de cada actor en la actividad de la recarga.