La Proposición no de Ley registrada por el Grupo Socialista a principios de marzo para instas al Gobierno a combatir el 'dumping social' por parte de empresas deslocalizadas en otros países, ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados.
Entre los principales puntos que plantea, destaca la adhesión a la 'Alianza del Transporte por Carretera', promovida por nueve países europeos para actuar de forma conjunta promoviendo la convergencia de las distintas medidas nacionales de aplicación de la normativa europea, la mejora de las prácticas de control y el fortalecimiento de la cooperación en la lucha contra el fraude.
También exige la transposición a la normativa española de la Directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores pertenecientes a empresas transportistas extranjeras, lo cual debería llevarse a cabo a la mayor brevedad, ya que el plazo finalizó en junio de 2016 y la Comisión Europea ya ha advertido a España de posibles sanciones si no lo hace en dos meses.
Asimismo, la Proposición plantea el refuerzo del Plan de Inspección de Transporte por Carretera, especialmente a las empresas transportistas no residentes en España, tanto en transporte internacional como de cabotaje.
Aprobación inmediata de medidas para proteger al sector
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fenadismer, confía en que el Ejecutivo apruebe con carácter inmediato "todas las medidas que sean necesarias para proteger al actual tejido empresarial español" frente a la competencia desleal que soportan por parte de las empresas extranjeras.
Fenadismer, que en su momento criticó que España no se adhiriera a la alianza, ha recordado que este tipo de operadores se establecen fuera del país para beneficiarse de unos menores costes fiscales y laborales, hasta 10 veces más bajos, pero en la práctica continúan operando en España.
A este respecto, la secretaria general de Transporte, Carmen Librero, explicaba el XVII Foro Nacional de Transporte de Aecoc, la postura del Ministerio de Fomento por la que se ha opuesto a su adhesión a la alianza, por considera que las medidas unilaterales propuestas por los países firmantes vulneran la unidad de mercado europeo y son claramente contrarias a la libre circulación en el viejo continente.
Postura, la de oposición del Ministerio, que ha sido valorada positivamente desde Astic.