Parece que ha pasado hace ya mucho tiempo, pero hace menos de un mes, el pasado 10 de noviembre, los ciudadanos españoles volvieron a acudir a las urnas para elegir libremente a sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado.

Sin embargo, como una muestra clara de que los políticos están a otras cosas, en prácticamente ninguno de los programas electorales en liza se hacía referencia expresa al transporte de mercancías por carretera, salvo para abrir la posibilidad de los impuestos del gasóleo.

Frente a este ninguneo, con peticiones de ayuda al Ministerio del Interior de por medio, también este mes de noviembre, sí que ha habido un colectivo que ha tenido en cuenta la importancia del sector: los sectores más radicales del separatismo catalán que, conscientes de la visibilidad que ofrecen grandes colas de camiones parados en cualquier autopista, han bloqueado durante varios días el paso fronterizo de La Junquera, e incluso también han causado dificultades a la circulación al otro extremo de los Pirineos, en Irún.

Paso fronterizo de la Junquera

Los bloqueos vuelven a plantear la necesidad de un paso central en los Pirineos.

Una demanda penal colectiva

Esta situación, con pérdidas millonarias y unas muestras evidentes de dejación por parte de las Administraciones públicas, ha provocado la reacción del Comité Nacional, que han pedido a los transportistas que se agrupen para interponer una demanda penal colectiva contra los responsables de esta situación, e incluso desde diversos ámbitos se ha vuelto a insistir en la necesidad de contar con una travesía central pirenaica o con nuevas conexiones marítimas para carga rodada entre Cartagena y el sur de Francia.

De nada han servido que Fomento haya decidido establecer hasta dos excepciones temporales al cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso o que la Generalidad haya reaccionado tarde y pidiendo «normalidad» al sector, para abrir la N-II en Gerona al paso de los camiones bloqueados en las movilizaciones separatistas de la A-8.

Además, en este mes de noviembre, varios casos luctuosos han mostrado a la luz pública las dificultades a que se enfrentan los transportistas en relación con la inmigración irregular, delitos, que más allá de sus implicaciones en la seguridad, en los que las empresas suelen ser, por lo general, una víctima más de las mafias.

Inmigrantes tratan de subir a un camion en las inmediaciones de Calais

Los inmigrantes irregulares arriesgan sus vidas y ponen en peligro a muchos conductores.

Contra la competencia desleal

De igual modo, en las últimas semanas, los transportistas asturianos y gallegos de la madera han vuelto a protestar en Madrid, mientras que los transportistas portuarios valencianos siguen reclamando medidas contra la competencia desleal, en línea con Comisiones Obrerascomo, por ejemplo, el intrusismo profesional de las furgonetas.

Precisamente en el ámbito del transporte ligero, en el que se producido una campaña de control de la Guardia Civil con más de 3.600 denuncias en cuatro días, durante el mes se ha conocido un estudio que detalla que estos conductores tienen un 60% más de riesgo de sufrir un siniestro que los de turismos.

En este contexto, y por lo que respecta a los datos estadísticos del sector, en noviembre había 240 empresas de transporte de mercancías por carretera menos que hace un año, aunque, por otra parte, el sector ha registrado un fuerte empuje en su cifra de negocio, con buenos registros también en la contratación de conductores profesionales de camión, y en la afiliación a la Seguridad Social, pero malos en cuanto a emisiones de gases contaminantes.

accidente con una furgoneta implicada

Las furgonetas tienen un 60% más de riesgo de sufrir un accidente que un turismo, según un estudio.